Las empresas comerciales deben ser competitivas para sobrevivir. Un buen nivel de competitividad significa crecimiento y rentabilidad, lo que no sólo es bueno para los propietarios de tiendas, sino también para los consumidores en términos de calidad y continuidad del servicio. Una competitividad creciente es una forma de proteger los actuales puestos de trabajo y de crear nuevos empleos duraderos. El comercio tiene unas características estructurales y operativas particulares que lo distinguen de otras áreas empresariales. Por ello se justifica una actuación específica y particularmente en el entorno del comercio rural, dadas las especiales circunstancias en las que realiza su actividad y el servicio inestimable que presta a los habitantes de los núcleos rurales de donde se ubica.

La falta de modelos legislativos eficaces ha determinado la desaparición de muchas PYMEs ocasionando un perjuicio real e irrecuperable, fundamentalmente en los núcleos rurales. La acción del mercado por sí misma, como se viene demostrando en el comercio rural, no es suficiente para mantener un número adecuado de empresas que puedan cubrir las necesidades de la población rural. La intervención de la Administración se justifica más en este caso que en ningún otro, con el objetivo de incrementar el bienestar, ordenar la actividad de los participantes en los mercados y evitar la generación de situaciones restrictivas.